Alerta en el Bajo Cauca Antioqueño: cerca de mil familias están confinadas por cuenta del conflicto armado

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta a causa de la crisis humanitaria silenciosa que enfrentan las comunidades de varias veredas del municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia, por cuenta del confinamiento en el que están, originado por la presencia y el accionar de los grupos armados ilegales.

El organismo de derechos humanos le exigió a los actores ilegales del conflicto armado, la suspensión de las acciones que desde hace varias semanas están generando la parálisis de las comunidades en 33 veredas del municipio de Cáceres.

“Además de reiterar el llamado a las estructuras criminales a que dejen al margen de sus acciones a la población civil, como Defensor del Pueblo me comprometo a impulsar la articulación institucional para buscar que las diferentes entidades del Estado hagan presencia y acompañamiento a las comunidades de Cáceres, de manera especial, a las que habitan en 33 de sus veredas, y, claro que sí, a las de toda la subregión del Bajo Cauca antioqueño”, manifestó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.

Desde su Regional Bajo Cauca Antioqueño, la Defensoría ha registrado graves afectaciones a las actividades laborales de la población, particularmente, en el sector minero, lo que afecta el comercio y al transporte en la subregión. De la misma forma, aunque se evidencia el confinamiento, las comunidades se muestran reacias a denunciar la grave situación de vulneraciones a sus derechos, ya que temen posibles retaliaciones de los actores armados al margen de la ley.

Sin embargo, son los mismos habitantes del nororiente del departamento, ante el recrudecimiento de la violencia, los que le hacen una petición especial al Gobierno.

“La comunidad le apuesta a la paz y al proceso que viene adelantando el Gobierno Nacional con distintos grupos armados; en ese orden de ideas, solicitan que estas organizaciones ilegales, las mismas que están generando afectaciones, sean incluidas en las negociaciones de paz. Sin embargo, aclaran que no son voceros de ninguna de ellas, al tiempo que rechazan la presencia de cualquier actor armado en la región”, señaló el Defensor del Pueblo.

Con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) el organismo humanitario buscará brindar asistencia humanitaria a 972 familias que están enfrentando una difícil situación; adicional a esto, se seguirá con el acompañamiento necesario para articular, en beneficio de esos núcleos familiares identificados, las instancias locales y regionales con el nivel nacional.

“Las comunidades confinadas en sus propios territorios están pasando hambre, ya que viven en medio de todos los actores armados. Allí hay presencia del ELN, de las disidencias de las Farc y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como AGC - Clan del Golfo”, agregó Camargo Assis.

Sumado a estas acciones, la entidad protectora de los derechos humanos le solicitará al Ministro del Interior la realización de una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta a las Alertas Tempranas (Ciprat) en el municipio de Cáceres, con el propósito de que sea revisado el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 045 del 2020.

“Lo hacemos con el fin de pasarles revista a las acciones que han venido adelantando las diferentes instituciones para mitigar el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de esa zona del nororiente de Antioquia”, finalizó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

Alerta en el Valle del Cauca

La Defensoría del Pueblo también advirtió un recrudecimiento de la violencia en el departamento del Valle del Cauca. Según el organismo, son alrededor de 800 asesinatos ocurridos en este departamento durante los primeros siete meses del año. Tan solo en Cali ocurrieron 576 homicidios; en Tuluá, 96, y en Jamundí, 72.

“Los derechos de la población civil están siendo violentados. Van desde el aumento de atracos, un sinnúmero de hechos violentos, agresiones basadas en género, masacres, entre otras acciones criminales. Es obligación de la institucionalidad ponerle freno cuanto antes a tanta barbarie”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Reforzar medidas en Cali, sus alrededores y todo el departamento del Valle del Cauca es el llamado del organismo ante la ola de violencia que ha venido en aumento en los últimos meses. Son nueve masacres las registradas en lo que va de este año; hechos lamentables en los que han perdido la vida 29 personas.