Empresario del sector minero fue secuestrado en zona rural de Cúcuta

Las autoridades de Cúcuta confirmaron este lunes el secuestro de Alejandro Porras Colmenares, un reconocido miembro del gremio carbonero de la región. Según los primeros informes, el hecho ocurrió cuando el empresario se movilizaba en su vehículo tipo camioneta y fue interceptado por sujetos armados que obstruyeron su paso y lo llevaron con rumbo desconocido.

El coronel Édgar Correa Tobón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó los hechos y detalló que, durante el ataque, los victimarios incineraron dos vehículos: la camioneta de la víctima y una volqueta que se encontraba en el lugar. “Estamos trabajando intensamente en la recolección de información y desarrollando todas las estrategias investigativas para dar con los responsables de este acto y garantizar la seguridad de la ciudadanía”, afirmó Correa.

La Policía Metropolitana de Cúcuta ha activado un operativo para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de la víctima, mientras continúa el análisis de las evidencias recolectadas en el lugar de los hechos. Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para obtener información que permita avanzar en la investigación y lograr la pronta liberación de Alejandro Porras Colmenares.

Este suceso genera preocupación en la zona rural de Cúcuta, especialmente en el gremio carbonero, que ha sido históricamente afectado por la violencia en la región.

En muchas regiones de Colombia, la seguridad continúa siendo un desafío significativo, especialmente en áreas rurales donde grupos armados ilegales aún tienen presencia. A pesar de los esfuerzos del Ggobierno y los acuerdos de paz, la violencia persiste debido a disputas por el control de territorios estratégicos, especialmente aquellos ligados a economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Estas dinámicas han llevado a un aumento de los desplazamientos forzados, amenazas contra líderes sociales y comunidades, y una creciente sensación de inseguridad entre los habitantes de las zonas más vulnerables.

El secuestro ha resurgido como una táctica de extorsión utilizada por algunos de estos grupos armados para financiar sus operaciones y ejercer control sobre la población. Las víctimas, a menudo comerciantes, ganaderos o ciudadanos destacados de comunidades locales, son retenidas bajo amenaza de muerte mientras sus familias enfrentan exigencias económicas imposibles. Esta práctica, que en décadas pasadas fue una de las principales formas de intimidación de grupos insurgentes, ha evolucionado, ahora adoptada también por bandas criminales y otros actores armados, lo que complejiza aún más el panorama de seguridad en el país.