“Sandra Ortiz no es una influenciadora delictiva”: defensa de la exconsejera presidencial cuestiona investigación de la Fiscalía

El abogado de la exconsejera regional para la Presidencia, Sandra Ortiz, cuestionó el hecho que la Fiscalía General le hubiera dado plena credibilidad a todo lo que dijo el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y no se tomara el tiempo para corroborar la información en medio de la investigación por los hechos de corrupción que saquearon la entidad.

Con la finalidad de desmontar los señalamientos sobre tráfico de influencias puesto que la considerada prueba clave de la Fiscalía General, sobre la reunión del 25 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, no demuestra la existencia de un delito ni que se hubiera acordado la entrega o direccionamiento de contratos.

Solamente quedó demostrado un encuentro antes de un Consejo de Ministros que se celebraba cada semana en la Casa de Nariño. El abogado le pidió a la Fiscalía General tener en cuenta que el video presentado en la audiencia del pasado 3 de diciembre para sustentar la medida de aseguramiento no tiene audio ni contexto.

“No hay material probatorio que permita pensar que, efectivamente, Sandra Ortiz es una influenciadora delictiva activa, como lo ha señalado la Fiscalía”, aseveró el profesional del Derecho en medio de su argumentación para rechazar la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra la exfuncionaria.

Igualmente, se cuestionó el hecho que no se aclarara cuál era el contrato de la UNGRD en el departamento del Atlántico, que tuvo un valor cercano a los 11 mil millones de pesos, con el cual la consejera presidencial para las regiones quisiera beneficiar al senador Iván Name.

“La Fiscalía General no realizó la corroboración de lo dicho por Olmedo López”, manifestó el abogado. “No se estableció cuál es el supuesto contrato del Atlántico y la existencia del mismo (...), mucho menos cuál fue la intervención contra Olmedo López en este contrato ni la imposición que Sandra Ortiz despegó sobre Olmedo López”.

En su extensa intervención, en la tarde de este miércoles, 11 de diciembre, la defensa de Sandra Ortiz reveló que no se puede hablar de ningún tráfico de influencias, pues nunca se demostró durante la imputación, presión o exigencia de Sandra Ortiz a las directivas de la UNGRD.

“Sandra Ortiz no tenía autoridad sobre Olmedo López, ya que no era subordinada funcionalmente, como el mismo Olmedo López lo reconoce en sus interrogatorios al precisar que las órdenes presuntamente las daba Carlos Ramón González”, aclaró el abogado.

En la diligencia judicial de este miércoles, el representante de la Procuraduría General pidió avalar la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía aseverando que la exfuncionaria representa un riesgo para la sociedad y, estando en libertad, puede manipular pruebas y presionar a testigos.

Por su parte, las víctimas (la UNGRD, la Contraloría General y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado) pidieron que la exfuncionaria fuera enviada a la cárcel por considerar que existe el riesgo de manipular evidencia.

La Fiscalía General le imputó a la exconsejera presidencial para las regiones los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.