De paros, protestas y bloqueos

Tres campesinos muertos y varios heridos; una de las principales carreteras del país –la Panamericana– bloqueada por más de una semana; desabastecimiento y crisis hospitalaria en el sur de Colombia; negociaciones que se frustran a las pocas horas de culminadas; acusaciones mutuas entre gobierno y organizaciones campesinas. Así han sido las últimas dos semanas, desde que comenzó la minga convocada por la Cumbre Agraria. Y aunque estos no parecen los titulares de un país que avanza hacia la paz, en realidad son la otra cara de la misma moneda: este paro está profundamente relacionado con el diálogo con las guerrillas y muestra las nuevas realidades políticas que están surgiendo con el proceso de paz.

Lo que hay detrás de estas protestas

Los manifestantes esgrimen como principal bandera los incumplimientos del gobierno a los compromisos que adquirió en el pasado. Esto tiene algo de cierto y algo de falso. En el paro hay una variedad de organizaciones con intereses y agendas distintas, unas más radicales que otras y unas con más razón que otras para protestar. Por un lado están los compromisos con la Cumbre Agraria, firmados hace dos años; por otro, los indígenas del Cauca que tienen una pelea histórica con el Estado por la defensa de sus territorios; y otra más, la de los camioneros que se metieron a la protesta a última hora aprovechando que el gobierno estaba interesado en apagar el incendio.

La Cumbre Agraria, Étnica y Popular surgió luego del paro de 2013 cuando medio país salió a ponerse la ruana para respaldar a los campesinos. Desde entonces el gobierno ha firmado con ellos varios compromisos en dos bloques. Constituyen el primero los acuerdos para crear confianza, que son medidas inmediatas y muy prácticas que se han ido cumpliendo parcialmente y con cierta lentitud. El segundo tiene que ver con el pliego de peticiones de la cumbre, que en nada se ha cumplido y que está en el fondo de esta protesta.

En cuanto a la creación de confianza, uno de los avances ha sido un decreto que le dio carácter institucional a la Mesa Única Nacional, en la que se ha mantenido un diálogo entre sectores agrarios y étnicos y las diferentes entidades del Estado y ministerios. Se han hecho 18 reuniones y se han creado también espacios regionales. El gobierno destinó 250.000 millones para fomentar la economía campesina, comprometidos en proyectos para ejecutar entre 2015 y 2016. El gobierno dice que 60 por ciento de los presentados están en ejecución y que si se subsanan los que están pendientes se podría cumplir con el 100 por ciento. También comprometió otros 250.000 millones para infraestructura rural cuya puesta en práctica se ha visto retrasada o entorpecida por razones técnicas, bien por falta de información o porque requieren ajustes a la hora de realizarlos. Para las organizaciones campesinas, sin embargo, esto no es suficiente, pues la ejecución es más lenta de lo previsto.

No obstante, esta es la parte fácil de negociar en el paro. La difícil tiene que ver con el pliego de peticiones de la Cumbre Agraria que consta de ocho puntos, muchos de los cuales van al corazón del modelo económico del país. Todos ellos tienen implicaciones políticas de gran calado, pues atañen a temas tan estructurales como el ordenamiento territorial, el sistema de participación ciudadana, las políticas de seguridad y justicia, las minero-energéticas y las agrarias.

La cumbre reúne a más de una decena de organizaciones diferentes, con distintos intereses e ideologías. Un sector importante de esa plataforma respalda los diálogos de La Habana y busca introducir en la lucha social los ‘pendientes’ o ‘salvedades’ que han quedado por fuera de la negociación, como el ordenamiento territorial, o la derogación de las Zidres. Otro sector, que pide abrir una mesa con el ELN, busca que los temas que el gobierno se ha negado a discutir con las guerrillas –como el minero-energético– se discutan en una tercera mesa con los movimientos sociales.

Un elemento político gravita en estas manifestaciones: la representación de los movimientos sociales en las conversaciones entre el gobierno y las Farc.

Para muchas organizaciones, el pacto que está a punto de firmarse en La Habana es un pacto de ‘elites’ y dicen no estar representados allí. En particular, algunos grupos étnicos no se sienten incluidos en el proceso de paz y creen que puede afectarlos en la medida en que el gobierno decida en Cuba el futuro de los territorios y sus recursos. A propósito de este sentimiento, irán por primera vez a La Habana a manifestar sus inquietudes la próxima semana.

De otro lado, sectores que han tenido la influencia histórica del ELN consideran que las comunidades se autorrepresentan, y el gobierno debe negociar directamente con ellos los grandes temas y no solo los aspectos puntuales que afectan a sus comunidades.

En la práctica, se trata de generar un nuevo modelo de participación ciudadana coherente con el tipo de diálogo que buscan los elenos, con las comunidades directamente y sin intermediación de las instituciones. Buscan romper el modelo de democracia representativa que existe en Colombia e implementar algunas formas de democracia directa. Pero esto es complicado. En Colombia las políticas centrales del Estado, como la minera y petrolera o la de ordenamiento territorial, se deciden en el Congreso, y no bajo la presión de las protestas.

Ahora, que haya una agenda política de tan hondo calado muestra el tipo de conflictos que se avecinan para el país, los reacomodos políticos que va a implicar el fin de la guerra, y la necesidad de repensar cómo tramitar estas diferencias.

Lecciones del paro

Este paro deja varias lecciones para el posconflicto. La primera, que hay nuevos protagonistas sociales. A pesar de que persisten el asesinato y amenazas a líderes, las comunidades se sienten con más capacidad de manifestar sus reivindicaciones. Aunque están unidos en la cumbre, entre ellas hay diferencias y motivaciones disímiles. Esta es una de las razones por las que ha sido tan difícil lograr acuerdos como el desbloqueo de la carretera Panamericana.

Segundo, estos paros dejan en claro que el proceso de paz no será una aspirina para curar todos los males y que el gobierno debe tener cuidado de no concentrar sus esfuerzos futuros solo en atender lo que se pacte en La Habana. Centenares de conflictos locales requieren atención y muchos de ellos son consecuencia de políticas nacionales cuyos impactos regionales no se han calculado.

Tercero, decir que las marchas están infiltradas por los grupos armados es inexacto, peligroso y simplista. Inexacto, porque una cosa es que haya una influencia política de las guerrillas, y otra muy distinta es que haya una penetración armada de la protesta. Peligroso, porque mantiene la estigmatización de calificar de subversivas a las manifestaciones de la oposición. Y simplista, porque creer que las organizaciones son espejos de los grupos armados es no conocer sus dinámicas reales –de tipo local– que son más complejas.

Cuarto, es problemático, pero quizá inevitable, que haya un movimiento social dividido, ya que es difícil negociar con grupos que no tienen una clara representación. En ese sentido es importante mantener la tendencia de fortalecer la Mesa Única Nacional, y darle un carácter más institucional.
Quinto, el gobierno debe aprender a negociar para lograr cambios efectivos en el tiempo y no solamente para apagar incendios. Para ello debe crear mecanismos de monitoreo e indicadores de cumplimiento transparentes y creíbles.

Finalmente, los mecanismos de participación deben ser más efectivos e incluyentes. En un país donde los partidos están en crisis, es normal que el movimiento social busque otros canales para manifestarse. Por eso la apertura democrática, el pluralismo y la mayor participación social son los grandes desafíos de la implementación de los acuerdos de paz y del posconflicto.