La CIDH admitió caso de desaparición forzada ocurrido hace 37 años y en el que estarían involucrados funcionarios del extinto DAS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de desaparición forzada de Marino Escobar Aroca, crimen que habría sido cometido por agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la década de los 80, dirigido entonces por el general Miguel Alfredo Masa Márquez.

El 22 de enero de 1987 Marino Escobar Aroca se encontraba esperando a un compañero en la ciudad de Bogotá, cuando fue detenido por agentes que se identificaban como miembros del extinto DAS, que se movilizaban en un vehículo camioneta Toyota plateada. Hasta la fecha, no se conoce su paradero. Antes de la desaparición forzada, Marino fue víctima de hostigamientos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas por parte de agentes de esta entidad, dirigido por el general Miguel Alfredo Maza Márquez.

“Esta decisión significa la persistencia en la búsqueda de la verdad y la justicia. El Estado colombiano ya no podrá borrar la existencia de Marino”, señaló su esposa Elizabeth Santander.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), peticionario del caso y representante de la familia de la víctima, dice que “espera que esta decisión contribuya también a impulsar las investigaciones penales sobre la detención arbitraria y desaparición forzada de Marino para que se castigue a los responsables, pues, tras casi 37 años de ocurridos los hechos, el crimen sigue impune, afectando los derechos de sus familiares a justicia y verdad”.

“La admisibilidad del caso por parte de la CIDH es una importante respuesta a Elizabeth, esposa de Marino, quien durante tres décadas ha insistido en la exigencia de verdad y justicia”, agregó la abogada del caso y presidenta del Colectivo de Abogados, Jomary Ortegón.

Este informe de admisibilidad de la CIDH se hace luego de que el 13 de noviembre de 2013 la familia de Marino Escobar acudiera a esa Comisión internacional. La CIDH consideró que era competente para conocer la petición en razón de que existe un retardo injustificado en las investigaciones y la búsqueda de justicia por parte del Estado colombiano, que no habría logrado explicar por qué han pasado décadas desde la desaparición de Marino sin que se concluya la investigación.

De acuerdo con el Colectivo de Abogados José Alvear, la justicia colombiana deberá explicar por qué solo después de 2017 fue que la Fiscalía empezó a adoptar diligencias investigativas, con amplias brechas cronológicas que tampoco explica el Estado.

La representación de la familia exige que se haga un estudio de fondo en el Sistema Interamericano, ya que afirman que “de ser corroborados, los hechos constituirían violaciones a los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial y personalidad jurídica garantizados en la Convención Americana, así como al artículo I de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas”.