Gustavo Petro “abusa del poder retórico”: el abogado de Keralty, Juan David Riveros, explica la artillería jurídica del grupo

SEMANA: Tras la arremetida del presidente Petro contra Keralty y su dueño, el empresario español Joseba Grajales, usted ha emprendido una respuesta jurídica de alto nivel. ¿Por qué llevar a los estrados esas expresiones del primer mandatario?

Juan David Riveros: Porque no estamos ante una simple opinión o manifestación política. Estamos frente a declaraciones reiteradas y estigmatizantes, proferidas desde la más alta autoridad del Estado, con efectos concretos sobre la reputación, el valor económico y la operación de la compañía. La vía judicial es el único camino legítimo que permite defender derechos fundamentales que han sido vulnerados, y restablecer límites institucionales cuando el poder se ejerce sin garantías ni fundamento jurídico y técnico. No es una confrontación personal: es una defensa de los derechos fundamentales y de los principios del Estado de Derecho.

SEMANA: Explíquenos cada una de estas denuncias. Comencemos por la del presidente Petro en la Comisión de Acusación. Usted es penalista. ¿Qué delitos considera que cometió el primer mandatario contra la empresa?

J.D.R: Las conductas del presidente podrían enmarcarse en tipos penales como calumnia agravada, injuria, actos de discriminación y el espectro podría ser mayor. Son afirmaciones públicas, reiteradas, sistemáticas, expresadas sin evidencia, que afectan no solo el buen nombre del señor Joseba Grajales, sino también atentan contra la organización Keralty, nuestros colaboradores y, sobre todo y lo más grave, contra nuestros pacientes. Déjeme insistir, no estamos frente a un hecho aislado, estamos frente a una secuencia sistemática de exceso en el ejercicio del poder por parte del Gobierno Nacional en contra de un particular. Esto me recuerda el relato bíblico de David contra Goliat, en donde el Gobierno es el gigante filisteo y los particulares somos los pastores, los débiles, las víctimas del atropello del poderoso, en donde nuestros únicos recursos de defensa son la valentía, la tranquilidad de conciencia, así como la fe y la confianza en las institucionalidad judicial del país.

SEMANA: ¿Por qué pedir que lo investiguen por el delito de discriminación?

J.D.R: Porque en este caso la discriminación no se refiere únicamente a temas raciales o de género, sino a una estigmatización por origen nacional y actividad económica. El presidente ha hecho reiteradas referencias al hecho de que el fundador de la empresa es extranjero, usándolo como elemento de desprestigio. Ese señalamiento constante ha generado un ambiente hostil que no solo afecta a Keralty, sino que envía un mensaje muy preocupante para la inversión extranjera en Colombia.

Cuando desde el poder se ataca públicamente a un empresario extranjero con décadas de trayectoria impecable en el país, y se pone en duda su legitimidad sin pruebas, se proyecta una imagen de arbitrariedad institucional que ahuyenta el capital extranjero. Se crea un entorno de inseguridad jurídica que afecta la confianza de quienes venían apostándole al país. Por eso, además de la dimensión jurídica del caso, estamos hablando de una afectación estructural al clima de inversión y a la estabilidad del modelo económico. No es un asunto menor: está en juego la credibilidad del Estado frente al mundo.

SEMANA: Se sabe que en la Comisión de Acusación los procesos no suelen avanzar. ¿Por qué tomaron este camino?

J.D.R: Porque es el conducto legal previsto por la Constitución para investigar al presidente en ejercicio. Renunciar a esa vía solo por su historial de ineficiencia sería equivalente a aceptar que hay inmunidad fáctica. Nosotros optamos por agotar las instancias institucionales, con plena conciencia sobre su funcionamiento, pero con la convicción de que nos asiste la razón jurídica. Nosotros somos respetuosos de las reglas de juego, de la ley y mantendremos infranqueable esta convicción y forma de conducta, pues esta coherencia, además, es relevante a los efectos de los fallos que habrán de producirse tanto a nivel nacional como internacional.

SEMANA: Ustedes también denunciaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Cuál fue la razón específica?

J.D.R: El señor Jaramillo por interpuesta persona ha sido el encargado de liderar y ejecutar la intervención de EPS Sanitas, en hora buena finalizada como consecuencia de la sentencia SU-277 de este año proferida por la honorable Corte Constitucional. Una intervención sin fundamentos técnicos suficientes, sin garantizar el derecho a la defensa y con motivaciones claramente ideológicas. Durante la intervención, se impusieron decisiones estratégicas desde el Gobierno y como parte de esa censurable conducta, también ha acudido a hacer expresiones públicas difamatorias en contra del señor Joseba Grajales. Esta es la razón de la denuncia que hemos presentado en su contra.

SEMANA: Además del ministro, hay muchas voces del Pacto Histórico pidiendo que se levante el velo corporativo. ¿Puede explicarnos qué es eso?

J.D.R: Es una figura jurídica excepcional que permite, en ciertas circunstancias, responsabilizar a los accionistas de una sociedad por actos ejecutados por esta. Pero solo se aplica en unas circunstancias excepcionales, pues al final del día se trata también de un derecho que debe ser respetado en un Estado de Derecho como el nuestro. Ninguna de las excepciones previstas se podría aplicar en este caso, por lo que continuaremos defendiendo el ejercicio de este derecho. Sin embargo, quiero recordarle que funcionarios del actual Gobierno, en múltiples intervenciones en foros públicos, han descrito con detalle la estructura societaria del grupo y que, además, en los registros públicos, se encuentra la información acerca de los controlantes y beneficiarios finales. La organización Keralty actúa con transparencia y apego a la ley y no estamos de acuerdo con que se pretenda usar un derecho tan trascendental como este en un país que garantiza la libertad de empresa como herramienta retórica para deslegitimar estructuras legales.

SEMANA: El levantamiento del velo corporativo tiene unas condiciones muy específicas en el derecho. ¿De algún modo la empresa ha estado incurso en estas condiciones?

J.D.R: No. Keralty ha operado por más de cuatro décadas en Colombia bajo un modelo legal, con auditorías, reportes públicos y control permanente por parte de los entes estatales. No ha habido fraude, ni simulación, ni desvío del objeto social. El llamado a “levantar el velo” carece de cualquier sustento fáctico y jurídico. Es simplemente una forma de intensificar la estigmatización, sin pruebas y sin fundamento legal.

SEMANA: Usted ha dicho que en el derecho nacional no van a interponer más acciones. Pero en los tribunales internacionales tasaron los daños causados por el Estado en 1.200 millones de dólares. ¿De dónde sale esa cifra? ¿Cómo son los tiempos de este proceso?

J.D.R: La cifra corresponde a una estimación de buena fe que deberá ser revisada una vez se conozca el impacto real de la intervención de EPS Sanitas y se relaciona directamente con los daños patrimoniales sufridos por los inversionistas extranjeros de Keralty tras múltiples violaciones del Tratado de Protección de Inversiones entre el Reino de España y la República de Colombia. El proceso ante el CIADI sigue su curso, en este momento se está constituyendo el tribunal arbitral y los tiempos precisos serán definidos más adelante.

SEMANA: Usted también radicó este viernes una tutela. ¿De qué se trata?

J.D.R: La tutela es una acción constitucional que interpusimos ante el Consejo de Estado para proteger los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la libre circulación, a la dignidad, entre otros, de los cuales es titular el señor Joseba Grajales y que han sido seriamente vulnerados por la conducta desplegada por el Presidente de la República. El propósito concreto de la tutela es solicitar que se retracte de esas declaraciones, por tratarse de afirmaciones falsas, infundadas y estigmatizantes, que no solo afectan gravemente la reputación del señor Grajales, sino que además han contribuido a crear un ambiente de hostilidad injustificada hacia su persona y hacia la empresa que representa y que en lo sucesivo se abstenga de actuar de esa misma forma.

Estas declaraciones no se han sustentado en ninguna decisión judicial ni administrativa, y sin embargo han sido formuladas desde la tribuna presidencial con una carga simbólica e institucional muy poderosa. Eso constituye un abuso de poder retórico, que vulnera garantías constitucionales básicas y exige una respuesta jurídica firme. La tutela, en este caso, busca restablecer el equilibrio, exigir responsabilidad en el uso de la palabra pública y reafirmar que, incluso en el ejercicio del poder, los derechos fundamentales deben ser respetados.

SEMANA: El presidente Petro los acusó de financiar ilegalmente campañas políticas. ¿Usted tiene las cifras de cuáles fueron los aportes que hicieron en la campaña pasada?

J.D.R: Sí, y es importante aclararlo con total transparencia. Los aportes se hicieron dentro del marco de la ley, están registrados contablemente y fueron completamente públicos. No hubo pagos ocultos, triangulación ni ninguna conducta ilegal. En el marco de las elecciones de 2022, una empresa del grupo Keralty, constituida en Colombia desde inicios de los años 90 (Keralty S.A.S) donó en total 145 millones de pesos.

Ese valor fue distribuido entre siete movimientos políticos de distintas corrientes ideológicas, con aportes que fueron simbólicos, legales y reportados: Cambio Radical: 40 millones de pesos; Centro Democrático: 40 millones de pesos; Partido Verde: 25 millones de pesos; Partido de la U: 15 millones de pesos; Partido Liberal: 10 millones de pesos; Alianza Social Independiente (ASI): 10 millones de pesos; Colombia Justa y Libres: 5 millones de pesos. No es cierto que se haya pagado a congresistas, ni que se haya buscado ningún tipo de favorecimiento.

Las donaciones fueron realizadas de manera transparente, están debidamente registradas en la contabilidad de la empresa y se hicieron dentro de los límites permitidos por la ley electoral colombiana. Estas contribuciones, además de ser completamente legales, reflejan la voluntad de participar en la vida democrática del país en desarrollo de los principios que orientan la conducta empresarial responsable, pues como se evidencia no se hicieron distinciones de tendencias partidistas. Lo que se ha dicho sobre supuestos pagos irregulares no solo es falso, sino que busca estigmatizar al sector privado sin sustento jurídico ni probatorio. Acá como dijera mi abuela, “les convendría mejor mirar primero la viga en el ojo propio que la paja en el ojo ajeno”.

SEMANA: La empresa ha tomado alguna decisión sobre si va a hacer algún aporte para esta campaña de cara al 2026?

J.D.R: La organización Keralty en ese y en todos los aspectos ha actuado conforme a la ley y, en consecuencia, no hay razón para cambiar la conducta sobre las donaciones a campañas políticas, sin distingo de partidos o movimientos, en el marco del proceso democrático y más ahora cuando se oyen voces que pretenden afectarlo. Ahora bien, hoy la prioridad es recuperar la estabilidad operativa de EPS Sanitas, restablecer la atención a los usuarios y defender el patrimonio afectado por decisiones que consideramos han sido arbitrarias.