SEMANA accedió a detalles desconocidos sobre lo que se viene en 2026 para la reforma pensional en la Corte Constitucional, uno de los proyectos bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha desatado un duro enfrentamiento con Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente del alto tribunal. En el camino de la reforma se atraviesan la navideña emergencia económica y social, con la que de un plumazo decretaron millonarios impuestos, y la incertidumbre por las convulsas elecciones que podrían retrasar su definición.
Aunque es una iniciativa prioritaria, su debate tendrá que esperar, por lo menos mientras la Corte Constitucional dicta la última palabra sobre la emergencia social y económica, que es calificada de inconstitucional desde sectores políticos y económicos.
Eso no es todo; en noviembre del año pasado, los magistrados de la Sala Plena dejaron en manos del conjuez Pablo Márquez la definición de la discusión de la pensional, teniendo en cuenta que cuatro magistrados aprobaron la reforma, dos pidieron tumbarla y otros dos dejaron sobre la mesa la alternativa de devolverla al Congreso. Así, la votación no logró las mayorías, que son cinco en total.
Márquez llegó al debate después de que el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del presidente Petro, terminó recusado por un concepto favorable que dio sobre la reforma cuando fue contratista de Colpensiones. Ahora, el conjuez deberá estudiar minuciosamente todo el proceso para tomar la decisión que aún tiene en vilo esa reforma.
SEMANA conoció que la última semana de enero de este año podría ser clave para que la Sala Plena regrese de la vacancia judicial con la reforma pensional en el orden del día, pero la discusión empezará resolviendo la recusación que el abogado Germán Calderón España interpuso contra Pablo Márquez por la cercana amistad que tendría con Miguel Polo Rosero, el magistrado que fue elegido en ese cargo gracias a la maquinaria del petrismo.
Así quedó en evidencia en una foto que reveló SEMANA en la que apareció el conjuez junto a Polo Rosero disfrutando un partido de la selección Colombia, durante el Mundial de Rusia de 2018. Si la recusación contra Márquez prospera, a la Sala Plena le tocará repetir lo que pasó con Carvajal y realizar otro sorteo que defina un nuevo conjuez, lo que retrasaría la discusión.
En caso de que Pablo Márquez quede como el conjuez de la pensional, fuentes en el interior del proceso explicaron que el camino más viable es que pida un tiempo prudencial para analizar el extenso proceso, que ya casi completa dos años en estudio. Todo esto depende ahora de la discusión sobre la emergencia económica que ya se atravesó a la pensional.
Con ese panorama, la reforma se estaría discutiendo a mediados de febrero con una novedad en la presidencia de la Corte, teniendo en cuenta que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez cumple su periodo en enero, y llegaría a ese cargo Paola Meneses, quien deberá definir el plan de trabajo y convocar las salas para discutir el proyecto bandera del Gobierno.
Riesgo electoral
Pero hay un obstáculo más. SEMANA conoció que entre los ocho magistrados de la Sala Plena y el conjuez que definirán la pensional existe una preocupación particular sobre el momento en que se va a determinar la reforma pensional: se dará en plena campaña electoral para el Congreso y la presidencia de la república.
Esa situación traería al presente lo que pasó en su momento con debates sobre temas coyunturales como la revisión del Código Electoral o la situación jurídica del Nuevo Liberalismo, que, según fuentes del alto tribunal, obligaron a aplazar la discusión en esa época porque coincidía con la contienda electoral.
Ahora los magistrados tendrán que analizar si es viable definir el futuro de la reforma pensional en plenas elecciones, o si, por el contrario, al tratarse de un tema tan sensible, lo resuelven después de esa jornada democrática; es decir, la pensional podría estar viendo la luz, en el mejor de los casos, después del 8 de marzo de este año, fecha en que se llevarán a cabo las elecciones al Congreso, pero incluso podría llegar a finales de junio, cuando se dé la segunda vuelta de las presidenciales.
La reforma pensional tiene un impacto directo sobre la vida de miles de personas que van a salir a votar, pues en el caso de que la ley reciba la bendición de la Corte, se destinarían casi 4 billones de pesos para los bonos pensionales de los “viejos y las viejas”, como lo ha dicho el presidente Petro, y se trasladarían casi 600 billones de pesos de los fondos de ahorro privado a Colpensiones, lo que dejaría un enorme flujo de caja en la administradora de pensiones del Estado.
Por su parte, el abogado constitucionalista Germán Calderón España explicó: “La autonomía y la independencia de la Corte no va a tener ningún efecto ajeno a lo establecido en las demandas que hay contra esa reforma y que tenga efectos económicos o electorales no tiene nada que ver en el asunto de fondo que se debate”.
¿Gobierno sin reforma?
Con esas cuentas en el aire, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no alcanzaría a ejecutar la tan discutida reforma pensional, pues en el caso hipotético de que la Corte la apruebe después de las elecciones, los magistrados de la Sala Plena deberán definir cuándo entrará en vigencia.
En un principio se habló del primero de julio de 2025. Sin embargo, las demandas en el alto tribunal no permitieron que esa pretensión se hiciera realidad y ahora el Gobierno Petro estaría en vilo de ejecutar su propio proyecto.
Desde el Banco de la República le han pedido a la Corte Constitucional que la vigencia de la pensional se debería dar tres meses después de la publicación de la sentencia, la cual, en promedio, se demora un mes en salir luego de tomada la decisión. Podría finalizar la administración Petro sin que la reforma vea la luz.
Por ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene tres caminos para decidir qué hacer con esa ley: la salvan, la tumban o la devuelven al Congreso para que, otra vez, vuelvan a solucionar los errores que quedaron durante la subsanación en la Cámara de Representantes.
Esa última alternativa salió a flote después de que los magistrados detectaron que los congresistas trataron de corregir el primer vicio de trámite que demandó la senadora Paloma Valencia, con un comunicado de prensa que le sirvió al ministro del Interior, Armando Benedetti, para convocar a sesiones extraordinarias en julio del año pasado.
Cuando se conoció el auto completo con la decisión de fondo, los congresistas terminaron tratando de corregir la ley sin los argumentos específicos de la Corte Constitucional. Eso volvió a dejar varios vacíos que debían ser enmendados y le abrió la puerta a la posibilidad de que la pensional vuelva al Congreso. Eso sería un retraso más para su entrada en vigencia. Se trata de un espinoso camino que tiene empantanada una de las principales iniciativas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que finalizará el próximo 7 de agosto.
