Corte Suprema acusó al excongresista Eduardo Pulgar, el de la frase “¿qué hay pa’ mí?”, por presunta compra de votos

Siguen los líos judiciales de corrupción para el exsenador del Partido de La U Eduardo Pulgar, quien ya fue condenado a cuatro años por tratar de sobornar a un juez de Usiacurí (Atlántico). Ahora la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Especial de Instrucción, lo acusó formalmente por el presunto delito de corrupción al sufragante.

El Alto Tribunal investiga si Pulgar incurrió en este delito durante la campaña al Senado 2018 - 2022 en el departamento de La Guajira.

En la misma decisión de Pulgar, la Sala precluyó a su favor la investigación por fraude procesal y violación de topes o límites de gastos de campaña, al no encontrar mérito para acusar por estos dos delitos.

Esta investigación se deriva del proceso que se adelanta contra María Cristina Soto de Gómez, representante a la Cámara, quien habría pagado en Maicao, La Guajira, entre $ 20.000 y $ 50.000 a los pobladores que votaran por ella en 2018.

El caso contra Eduardo Pulgar también dio origen a la investigación contra Armando Benedetti por su presunta participación en la compra de votos en las elecciones al Senado en el año 2018. Esto, luego que Benedetti fuera mencionado en medio de la indagación contra el exsenador Pulgar Daza.

Pulgar permanece en una guarnición militar donde cumple su condena por ofrecerle 200 millones de pesos a un juez de la República con el fin de favorecer a un grupo de allegados en la disputa jurídica que tenían para obtener el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

El excongresista ganó una acción de tutela en la que pedía que se le protegieran sus derechos fundamentales que consideraba afectados por su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá, pese a sus problemas de salud y al hecho que tenía arraigo en el departamento del Atlántico.

Pulgar fue sentenciado por la Corte Suprema de Justicia tras aceptar su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer.

Esto por haberle ofrecido sobornos al juez promiscuo municipal de Usiacurí (Atlántico) con el fin de que lo beneficiara con el restablecimiento del derecho en un litigio que adelantaban personas muy cercanas a él para manejar la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la cual era uno de sus fortines políticos.

Pulgar invitó al juez a su casa en Barranquilla y le ofreció 200 millones de pesos con el fin de que tomara una decisión. Sin embargo, ante la negativa del funcionario, el dirigente político le insistió en que al menos retrasara la toma de la decisión.

Todo esto fue grabado por el juez que, como precaución, llevó una grabadora a la casa de Pulgar. Esto debido a que este tipo de invitaciones no eran normales.

Por estos mismos hechos, el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura, lo que representa que Pulgar no podrá volver a presentarse a cargos de elección popular el resto de su vida. Mientras tanto, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por doce años para ejercer cargos públicos.

En el 2021, la Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por doce años para ejercer cargos públicos por ofrecer 200 millones de pesos al entonces juez promiscuo municipal de Usiacurí (Atlántico), Andrés Fernando Rodríguez Caez, a cambio de favorecer a Luis Fernando Acosta Osío, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, en un proceso judicial.

De acuerdo con las pruebas recaudadas, “el senador, después de exponer el contexto del conflicto entre los directivos de la Universidad Metropolitana, le solicitó al entonces juez de Usiacurí que lo ayudara con ese asunto porque esa universidad le ponía unos voticos importantes y señaló que, algunos directivos de ese centro educativo le apoyaban en sus compañas políticas para ser congresista”.

Según el fallo disciplinario, el exsenador abusó de su cargo al ofrecer una utilidad en dinero a un juez de la República, con el firme propósito de que este “actuara a favor de los Acosta, miembros de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana y, de contera, para beneficio del disciplinado, porque los Acosta, según lo admitió el procesado, le daban dinero para financiar su campaña electoral al Congreso, además, le ayudaban con puestos y con becas”.