“Ningún resultado será eficiente si no hay prevención”, Mario Gómez Jiménez

Los monstruos y dragones no son solo metáforas para ilustrar los temores que las niñas y los niños tienen en sus vidas. Esos seres, tan espeluznantes como usuales, existen en nuestra geografía, en donde escasean héroes y heroínas que los puedan defender.

Algunos viven deambulando por sus habitaciones, lugares en el que ocurre el 75 por ciento de las vulneraciones contra los niños que, en un porcentaje mayor, son perpetradas por parientes o conocidos. Las zonas de mayor ocurrencia son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

Además, muchos ogros de disfraz dócil se atrincheran cerca de las escuelas para ofrecerles dulces cubiertos de narcóticos, para engancharlos a sus redes de distribución. Otros, a cientos de adolescentes, les ofrecen un viaje de difícil retorno. No al País de las Maravillas de Alicia, sino a lugares en los que se habla otro idioma y les quitan el pasaporte y la dignidad sexual. Esas son las consecuencias de la trata de personas con fines de esclavitud, que se naturalizó en Asia y también aquí, en el Caribe, en Medellín, Cali y Pereira.

Hay otros que se escudan en armas, en guerrillas y disidencias, que reclutan niños, que acceden niñas y las obligan a abortar, que las llevan a ese lugar al que Mambrú no fue, pero del que regresaron cerca de 7.000 menores de edad que han sido atendidos por el ICBF desde 1998. Cuando se refieren a ese infierno –en Meta, Caquetá, Arauca y el Catatumbo– narran sus desventuras sembrando minas, cuidando secuestrados, viendo morir a sus amigos. Gracias a la Corte Constitucional se impidió, recientemente, que se pudiera amnistiar este crimen de guerra en las modalidades en que se había previsto.

Como si el horror fuera poco, érase una vez, en un país vecino, en el que la degradación humanitaria motivó la migración de 1.400.000 personas que llegaron a Colombia. De esa cifra, muchas niñas han engrosado las filas del proxenetismo y del mal llamado turismo sexual en lugares como Cartagena. También han sido víctimas de la pornografía infantil que, como delito transnacional, proviene de todas partes.

A lo anterior se suma el creciente número de eventos delictivos, lo que ha incidido para que en los últimos tres años las denuncias por explotación sexual de la niñez aumentaran 39 por ciento. En 2018, por ejemplo, se registraron 51.551, un crecimiento de 33 por ciento en relación con 2016: esto corresponde a una tasa nacional de 82 victimizaciones por cada 100.000 habitantes. En Amazonas, Guainía, Putumayo y Guaviare el porcentaje de crecimiento es mayor al 50 por ciento; mientras que en Bogotá, Medellín, Cali, Atlántico y Cundinamarca se concentran las variaciones más representativas y suman el 40,88 por ciento del total.

El crecimiento de estas cifras implicó un mayor grado de interacción entre el ICBF, la Policía y la Fiscalía. A su vez, el desenvolvimiento de la tasa de imputación por violencia sexual contra la niñez tuvo cambios significativos: mientras que en 2016 fue del 21 por ciento, en 2018 llegó al 22,5 por ciento.

Por otro lado, hay evidencia de un crecimiento de los sindicados por agresión sexual de niñas, niños y mujeres, así como de los condenados, pues entre 2009 y 2018 el número de reclusos por estos hechos pasó de 1.503 a 4.165. Otro esfuerzo relevante es la extinción del dominio sobre los inmuebles en donde han sucedido estos delitos: una sola fiscal, en menos de dos años, dio origen a procesos de este tipo sobre bienes avaluados en cerca de 100.000 millones de pesos.

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Los resultados obtenidos son, para ciudadanos y funcionarios, menores que las expectativas de lucha contra la impunidad. Todos quisiéramos más logros y menos dificultades: como la errónea creencia de que los niños y niñas siempre mienten; o la falta de reporte a la Fiscalía, por parte del sistema de salud, de los embarazos de las menores de 14 años; o la ausencia de autorreconocimiento de su calidad de víctimas, en eventos de explotación sexual.

Sin embargo, hay avances relevantes: el delito de uso de menores de edad en la comisión de ilícitos, propio de redes criminales, pasó de 196 denuncias a 811 en los últimos cinco años; y las condenas, en ese mismo lapso, aumentaron de 63 a 426. Además, en solo tres años se consolidó la presencia de la Fiscalía en 500 municipios y se dotaron todas las capitales departamentales de cámaras Gesell. También, en ese plazo, se habilitó el sistema electrónico de denuncia ADenunciar y se creó el primer Centro de Contacto telefónico con ese propósito. Adicionalmente, en el último año, se desmantelaron en entornos escolares 202 ‘ollas’ de expendio de narcóticos, al realizar 278 capturas.

En todo caso, ningún resultado será suficiente si no se atiende, en el ámbito de la política criminal, la prevención. Por ello, el programa Futuro Colombia, de la Fiscalía, ha desarrollado esfuerzos para disminuir factores de riesgo: creó la campaña #EsoEsCuento, que llama la atención en terminales aéreas y terrestres sobre los engaños que emplean las redes de proxenetismo para captar niñas; también atendió estrategias formativas a docentes de más de 1.000 escuelas de las principales capitales para fortalecer su respuesta frente a estas violencias en dichos entornos.

Más que príncipes azules, lo que se requiere es un Estado capaz de enfundarse en una armadura eficaz para un combate victorioso: usando tecnología de punta, intercambiando información sustantiva, empleando la misma Policía que ha desmantelado organizaciones criminales sofisticadas, poniendo en marcha la extradición de los responsables o la extinción de dominio de hoteles y moteles… previniendo. Por eso, con el necesario aval presidencial, se ha ideado un Grupo Intersectorial del Estado para la investigación, judicialización y atención integral de estas víctimas, integrado por paladines y heroínas que servirán como punta de lanza contra estos demonios.

*Fiscal delegado para delitos contra la infancia y la adolescencia.