Cómo reducir las cifras de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia en Colombia

En julio de 2019 se publicó por primera vez en la historia del país una encuesta sobre la prevalencia de violencia, contratada por el Ministerio de Salud y desarrollada por el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El documento reportó que casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes sufre de violencia sexual, psicológica o física.

SEMANA: ¿En qué consiste la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes que busca cambiar esa realidad?

JULIANA PUNGILUPPI: Es una política pública y una gran movilización de toda la sociedad para transformar culturalmente la normalización de la violencia hacia la niñez.

SEMANA: ¿A qué se refiere con normalización?

J.P.: A que la violencia y muchas de sus conductas asociadas son percibidas como normales y esto dificulta que las víctimas y testigos denuncien y busquen ayuda. En muchas ocasiones las víctimas piensan que lo que les pasó es culpa de ellas, que se merecían el maltrato que sufrieron. Y quienes propician la violencia y el castigo físico consideran que son métodos legítimos de crianza.

SEMANA: ¿Cuáles son los objetivos de la Alianza?

J.P.: La política pública tiene cuatro objetivos principales. El primero es fortalecer entornos protectores, el segundo, fortalecer las habilidades y capacidades de autoprotección de los niños; el tercero es hacer lo propio con las normas y el marco legal y, finalmente, asegurar una atención oportuna e integral. Todos estos objetivos se sustentan en tres ejes transversales: datos y evidencia científica, gobernanza y coordinación institucional, y movilización social.

SEMANA: ¿Qué proyecto están desarrollando para lograr los objetivos del último eje?

J.P.: Lo primero fue lanzar la campaña ‘Todo lo que hacemos les queda’, con la que buscamos exponer los comportamientos que como sociedad hemos normalizado. No queremos juzgar, queremos brindar herramientas a las familias para cambiar conscientemente esas prácticas.

SEMANA: ¿Y cuáles son los principales retos?

J.P.: Los principales retos son reducir la impunidad y una transformación cultural. En el marco de la alianza se conformó el Grupo Intersectorial Especializado entre Policía, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia, Medicina Legal y la Fiscalía. La idea es fortalecer la Policía judicial para que la recolección e investigación sea más robusta. La cobertura de Medicina Legal sigue siendo limitada (tiene presencia solo en 91 municipios del país). Los exámenes del sector salud no son válidos para efectos probatorios. Queremos como Estado avanzar de forma coordinada para cubrir estas brechas que favorecen que haya impunidad en estos delitos.

SEMANA: ¿Cuáles son las metas hacia el futuro?

J.P.: Disminuir la tasa de violencia contra la niñez un 14,3 por ciento para 2022, esto significa que 16.000 niños menos sufrirán violencia en el próximo cuatrienio. En los primeros nueve meses de 2019 el ICBF abrió cerca de 17.000 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) por violencia sexual y maltrato, lo que significa que cada día el instituto abre 63 en favor de menores de edad que fueron víctimas de violencia.

SEMANA: ¿Se siente optimista?

J.P.: Sí. Como Gobierno y Estado somos conscientes de la problemática, de los vacíos institucionales y de coordinación. Como sociedad debemos ser conscientes del impacto que una sola palmada tiene en el desarrollo emocional y cognitivo de un niño. Cada acción que hagamos como padres les queda a nuestros hijos. Existe un círculo vicioso entre castigo físico y violencia que tenemos que romper. Necesitamos el apoyo de todos. Ya dimos el primer paso con la alianza y sus programas. Se viene un cambio normativo.

SEMANA: ¿A qué se refiere?

J.P.: A un proyecto de ley para prohibir el castigo físico y otro para prohibir el matrimonio infantil. También normas para eliminar la prescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad.