La razón de ser de las Unidades Funcionales

El concepto de ‘unidades funcionales’, por lo menos en términos de infraestructura vial, es tan nuevo como fundamental para Colombia, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Se trata de una figura que se usó por primera vez en el país con la llegada de los proyectos 4G, que se estructuraron en 2012 e iniciaron obras en 2014.

De acuerdo con la entidad, se trata de un mecanismo de contratación que “permite que la Nación obtenga las inversiones de infraestructura en su totalidad en los plazos fijados contractualmente y obliga al concesionario a optimizar sus esfuerzos durante la etapa de construcción con el fin de lograr su retribución conforme se establece en el contrato. Y, adicionalmente, permite su financiación, tanto en el mercado financiero como en el de capitales”. En palabras cortas, propende por la eficiencia del sistema sin afectar la calidad del producto final.

En la práctica, se trata de una figura que divide la totalidad de un proyecto vial en tramos o etapas determinadas por la ANI en el contrato de concesión. Para definirlas se tienen en cuenta diversos factores como la ubicación geográfica, la longitud de la vía, el tipo de intervenciones que se deben hacer (construcción nueva, mantenimiento o rehabilitación) y el alcance que tendría cada unidad funcional en términos de población impactada. En este proceso también se define la ubicación de los peajes y la cantidad de otros escenarios de la vía como áreas de servicio, centros de control de operaciones y básculas.

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Ese mismo contrato define los tiempos de construcción de cada unidad funcional y alínea a los concesionarios que esperan recibir la retribución por haber construido la vía. “Las empresas consiguen préstamos de bancos para hacer la obra y cuando terminamos cada unidad suscribimos un acta de terminación; desde ese momento comenzamos a recibir fondos mensuales por parte del Gobierno que se destinan, entre otras cosas, a pagar los créditos que dieron el cierre financiero inicial. Por eso, los más interesados en poner las obras en servicio de los usuarios somos los concesionarios”, explica Ernesto Carvajal, gerente de la Concesión Transversal del Sisga.

De hecho, las mismas unidades funcionales les permiten a los consorcios conseguir los recursos necesarios para iniciar la construcción. “Un componente fundamental que analizan los bancos de manera detallada es cómo y en qué proporción van a llegar los recursos de caja para poder dar el servicio a la deuda”, señala Juan Manuel Méndez, gerente de la Concesión Perimetral Oriental de Bogotá. Es decir, se fijan cuando finaliza cada etapa y se observa qué peso porcentual tienen dentro de la obra en materia de retribución: para saber cuándo y de qué manera comienzan a ver el retorno del crédito.

"De ahí que una de las grandes ventajas de este mecanismo –apunta Carvajal– sea la independencia que hay entre unidades funcionales. No se tienen que trabajar y entregar todas al tiempo, lo que hace que la logística de construcción sea más sencilla porque planificas las obras haciendo énfasis en los plazos, lo que hace más fácil terminarlas. Y una vez las entregas tienes recursos por parte del Gobierno para seguir avanzando”.

Ahora bien, agrega Méndez, el interés de los constructores no se limita a terminar las obras con velocidad para ver el retorno de la inversión, también hay un componente de calidad. “Después de entregar cada unidad pasamos a ser sujetos de evaluaciones mensuales de indicadores de nivel de servicio, de estado de la carretera, de la señalización, de grúa, ambulancia y carrotaller, etcétera y se nos califica. En función de esa calificación vamos recibiendo la remuneración”, agrega.

Dichos recursos son entregados por el Gobierno en un plazo de 25 años, con lo recaudado por los consorcios a través de los peajes ubicados en cada proyecto 4G.

Estos dineros se destinan a patrimonios autónomos administrados por entidades fiduciarias y solo son entregados si cada vía cumple efectivamente con los estándares de calidad establecidos por la ANI en el contrato de concesión. El objetivo es que los colombianos tengan la mejor vía posible en los tiempos más eficientes.