Las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno Petro con el Clan del Golfo alarmaron a un sector del mando de la Policía. El fantasma de un posible proceso de reintegración en el que los delincuentes no paguen por los crímenes llevó a varios oficiales a fijar ultimátum a sus subalternos esta semana: tienen 60 días para materializar órdenes de captura, rodear a los pesos pesados de la estructura ilegal y dar resultados en las investigaciones.

La lupa está puesta sobre los nexos con el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de armamento. En las filas hay preocupación por los efectos de la negociación exprés que la Casa de Nariño realiza con los herederos de alias Otoniel en Catar.









